Un artículo de Jordi Martí, docente.

Lo siento, no puedo menos que reírme cada vez que oigo a alguien -y más en campaña o pre campaña electoral- referirse a la posibilidad de, si salen elegidos, hilvanar un pacto educativo de consenso. Lo siento, algunos por desgracia ya tenemos claro que, vender humo está bien pero, lo más complicado es juntar ese humo para hacer una figura compleja que dure y se mantenga a lo largo del tiempo. No, no creo que vaya a haber pacto educativo. Y aún menos creo que, lo que algunos venden como pacto educativo, sea nada más que un refrito ideológico que satisface a sus votantes.

La LOGSE no fue producto de un pacto educativo. Fue una imposición, al igual que lo ha sido la LOMCE, por parte de unos determinados partidos políticos con mayoría parlamentaria que gestaron una ley educativa para satisfacer sus ideologías. Las leyes educativas no son nada más que la traslación de ideas políticas al aula. Bueno, por suerte y gracias a la existencia de funcionarios tan criticados por algunos, lo ideológico que subyace detrás queda atemperado por el sentido común y la heterogeneidad de los profesionales que dan clase. Profesionales que, por cierto, también son hijos de su padre y de su madre con ideologías totalmente dispares y puntos de vista divergentes acerca de lo que debería ser la Educación y cómo debería gestionarse. Por tanto, si sumamos ideología política a heterogeneidad de los profesionales, nos sale un mejunje que poco parecido tiene con algo que permita sacar adelante un pacto educativo de consenso.

Es divertido observar a unos y otros -no sólo a los políticos- llenarse la boca con la necesidad de un pacto educativo. Incluso, revisando las propuestas que aparecen al igual que las setas en buena temporada de boletus, nos encontramos con ideas desordenadas muy marcadas por la ideología de quien las suscribe. Sí, la Educación no es una cuestión de Estado. La Educación es una percepción individual y poco extrapolable acerca de lo que debería ser la misma.

A día de hoy casi todos tenemos claro que el sistema educativo necesita reformularse. Que tenemos un porcentaje inasumible de fracaso escolar. Que, por desgracia, hay demasiados alumnos que se nos pierden por el camino y muchos otros a los que, tal como están montadas las cosas, no estamos ayudando en nada para mejorar su aprendizaje. Sí, lo básico está claro pero, ¿sinceramente alguien se cree que las medidas para solucionar lo anterior son únicas? ¿Alguien cree que existe la varita mágica, envuelta en un articulado legislativo más o menos potente, que permita solucionar lo anterior? ¿Alguien cree que una nueva ley educativa va a solucionar algo cuando no lo han hecho las siete anteriores? ¿Alguien es tan iluso para pensar que, en una mesa, podemos hallar puntos de encuentro entre visiones tan alejadas de la Educación como las que plantean los diferentes partidos políticos?

El pacto educativo debería gozar de criterios técnicos. Y, para ello, se haría imprescindible contar con los docentes en su realización. Más allá de lo anterior, deberíamos delimitar cuestiones controvertidas y alejarlas del debate (sí, el tema de la religión en las aulas, los conciertos educativos, la existencia de entidades privadas que ofrezcan títulos, la evaluación de los docentes, los libros de texto, las agrupaciones por edades, el sistema de acceso, los salarios de los profesionales y un larguísimo etcétera). Es por ello que si mantenemos fuera del debate la mayoría de posiciones ideológicas nos quedamos sin debate. Así pues, en lugar de pacto, podríamos decir que hacemos un minipacto. Bueno, sinceramente, ni eso aunque lo podamos vender mediáticamente como un éxito.

No, permitidme que me ría. El pacto educativo no va a llegar nunca porque no hay un solo punto de vista sobre Educación y porque, la mayoría -y no hablo sólo de los partidos políticos- tiene una visión contaminada de cómo debería mejorarse el tema. Sí, vamos a tener una nueva ley educativa o mantener la LOMCE con sus apaños pertinentes en función de quien gane las elecciones. Incluso, algunos nos van a vender lo anterior como pacto educativo pero, en realidad, lo que nos están vendiendo es “su pacto”. Y un pacto sesgado tiene poco de pacto y mucho de brindis al sol. Así pues, brindemos al astro y digamos… sí, vamos a tener un pacto educativo. Y, ahora, permitidme que me descojone ya del todo.

Portavoces del PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos se han comprometido este lunes en un acto público a suscribir una "hoja de ruta" que redactará el experto José Antonio Marina para alcanzar las bases de un pacto educativo antes de las próximas elecciones.

Según ha informado la Universidad de Nebrija, el acuerdo se ha alcanzado durante un encuentro organizado por la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija y la Sociedad Civil por el Debate al que han asistido representantes de los cuatro partidos políticos con mayor representación en el actual Congreso.

"Por iniciativa de José Antonio Marina, los portavoces se han comprometido a firmar una hoja de ruta que el director de la Cátedra redactará, para ponerse a trabajar y llegar a un acuerdo antes de las nuevas elecciones, en una sesión que será impulsada por la Fundación Sociedad Civil por el Debate", dice en un comunicado.

El encuentro, titulado "¿Es posible un Pacto por la Educación?", ha contado con la presencia además, de Marina, que dirige la Cátedra, de Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema; Amador Sánchez, secretario general del Colegio Profesional de la Educación; y Pilar de los Ríos, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos.

Junto a ellos han debatido el portavoz de Educación del PP en el Senado, Juan Soler; el portavoz de Educación del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces; la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Cecilia Salazar Alonso y la diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, moderados por el presidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal.

Durante el debate, los representantes políticos han expuesto los distintos caminos hacia los que se dirigen sus grupos, pero todos han coincidido en "la voluntad de sentarse a dialogar para llegar a acuerdos que se puedan cumplir y mantener a largo plazo, dejando de usar la educación como arma arrojadiza", según la Universidad.

Marina comenzó contextualizando los dos modelos existentes de leyes de educación que se han ido alternando en los últimos años para resaltar la necesidad de que el pacto aporte estabilidad para "aplicar una ley de educación que pueda probarse y corregirse en lo necesario".

Por su parte, Carmen Pellicer ha reivindicado que este pacto es un "clamor popular entre los profesores", y ha dado las claves que serían necesarias en un acuerdo de Estado como la estabilidad, la inversión en educación, la excelencia y la equidad. Sánchez ha añadido que la educación "tiene que ser un asunto nacional porque incluye la revisión de otros aspectos como los horarios laborales en España".

La ministra de Educación, Marta Lafuente, presentó su renuncia al cargo este jueves tras la fuerte presión de los estudiantes secundarios. Los alumnos realizaron la toma de varias instituciones educativas como medida de fuerza en rechazo a su gestión.

Los jóvenes secundarios lograron su objetivo de hacer renunciar a la ministra de Educación, Marta Lafuente, resistida desde hace tiempo por los gremios estudiantiles y docentes. Su gestión era criticada por diversos sectores.

Alumnos de varias instituciones se movilizaron desde el pasado martes a la espera de este final; la renuncia de la secretaria de Estado, que se oficializa este jueves desde Mburuvicha Róga.

Lafuente trató de resistir a la rebelión estudiantil dejando en claro que no pensaba renunciar al cargo, pero la presión de los jóvenes se fortaleció con el trascurrir los días con la toma de instituciones educativas como medida de fuerza.

Su decisión de abandonar el cargo fue luego de reunirse por varias horas con el presidente de la República, Horacio Cartes y el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira.

El escenario político tampoco era el propicio para su continuidad, teniendo en cuenta la pérdida de confianza que sufrió la ministra en la Cámara de Senadores y en un sector de la Cámara de Diputados.

De hecho, los senadores realizaron fuertes críticas a la titular de la cartera de Educación por su ausencia en el día en que se le debía interpelar y responder a los cuestionamientos de los parlamentarios.

Tras la toma del Colegio Nacional República Argentina, donde los estudiantes de la Organización Nacional Estudiantil (ONE) exigían la renuncia de la ministra de Educación, otros secundarios replicaron la iniciativa en Central e interior del país, sumando más de 100 los colegios en movilización.

Centenares de secundarios se concentraron en el punto neurálgico de la protesta, el Colegio República Argentina. Y no solo participaron estudiantes de centros públicos, también secundarios del Salesianito, La Providencia y del Cristo Rey marcharon, demostrando así su apoyo al reclamo de sus pares.

El jueves 28 de abril, la comunidad educativa participante en la elaboración del “Documento de Bases para una nueva Ley de Educación” se ha reunido con los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, para plasmar en un Acuerdo Social y Político las bases comunes de una nueva ley que dé estabilidad al sistema educativo.

La pluralidad de colectivos y organizaciones sociales, de padres y madres, estudiantes, sindicales y políticas, que han participado en el Documento de Bases para una nueva ley educativa ha tenido la ocasión de debatir y consensuar la dirección que debe adoptar un modelo alternativo de escuela que asuma como principios fundamentales el derecho a la educación y la igualdad “buscando el respaldo y acuerdo de los partidos políticos que tengan voluntad de transformar y mejorar el actual estado de la educación”.

“Entendemos que el documento consensuado por la comunidad educativa y los profesionales de la educación es de amplia aceptación; es decir, incorpora todas aquellas cuestiones en las que participamos y en las que estamos de acuerdo que desde los profesionales de la educación y la propia comunidad educativa contribuirán a lograr un sistema educativo basado en el reconocimiento de la educación como un derecho humano universal”. Plantear las bases de una ley educativa democrática, que busque la equidad del sistema educativo, con la que podamos llegar a un acuerdo social y político, requiere de un esfuerzo democrático importante, explican.

Entienden que la única forma de dar estabilidad al sistema educativo es partir de un acuerdo social y político construido desde la base que la respalde, y de una apuesta por la educación como una herramienta básica de transformación y mejora de la sociedad.

La jornada se ha desarrollado con una mesa redonda sobre “La educación que queremos y necesitamos”, donde se ha presentado el Documento de Bases para una nueva ley educativa por parte de los componentes de la sociedad civil y de la comunidad educativa que han participado en su elaboración. Representantes de algunos de los colectivos que han elaborado esta propuesta como el Foro de Sevilla, CEAPA, Marea Verde Madrid, el sindicato FE-CCOO, los sindicatos STEs y CGT, los “Movimientos de Renovación pedagógica”, Europa Laica, la “Plataforma para la defensa de la educación infantil 0-6” o el colectivo “La educación que nos une” han tomado la palabra para explicar algunos de los aspectos más importantes de la misma:

1. La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta firme por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.

2. La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos.

3. La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.

4. La Laicidad del sistema educativo, lo que significa sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar.

5. La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.

6. Un currículo inclusivo que reconozca la diversidad individual, cultural y sexual, la igualdad entre los sexos y la crisis ecológica.

7. Disponer de un profesorado comprometido y reconocido que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.

8. La formación permanente como derecho y obligación del profesorado en constante actualización.

9. Garantizar la estabilidad de las plantillas docentes, su autonomía y la igualdad de condiciones.

10. Una dirección representativa, colegiada, voluntaria y renovable, con una limitación en el tiempo en el desempeño del cargo.

11. Aprobar una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.

12. Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB. Crear un fondo de compensación educativa para paliar desigualdades entre territorios.

13. Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos. No realizar pruebas externas que produzcan la homogeneización del aprendizaje y su utilización en la confección de ránquines, que jerarquicen los centros y den pie a la segregación del alumnado.

A continuación han intervenido los representantes de los partidos políticos presentes. Por parte del PSOE Rafael Simancas, por Ezquerra Republicana de Cataluña Joan Baptista Olòriz, por PODEMOS Javier Sánchez y por Izquierda Unida Sol Sánchez, que han coincido en manifestar “su compromiso con las bases establecidas en este documento, elaborado desde y por la sociedad civil, adoptándolas como marco básico para la elaboración de una nueva ley de Educación en la próxima legislatura”.

El encuentro ha finalizado con el debate y la participación de todos los colectivos y organizaciones allí presentes, y con el firme compromiso manifestado por los grupos políticos de “incorporar en los respectivos programas las referidas bases, así como, considerarlas un acuerdo inicial que se situaría fuera de la disputa partidaria de la próxima campaña electoral.”

El Documento de Bases y los colectivos y organizaciones que han participado en su elaboración pueden encontrarse en la URL: http://porotrapoliticaeducativa.org/

Ante el clamor que exige la derogación de la LOMCE y una nueva ley de educación que sea fruto de un acuerdo social y político, la plataforma La educación que nos une lanza la campaña “ Diálogo por la educación” con el deseo de impulsar una Ley de Educación:



* Democrática: elaborada con la participación de la comunidad educativa y la ciudadanía.

* Estable: centrada en las necesidades de las personas y no en los intereses de los partidos.

* Comprometida con un mundo más justo.

Concluye una legislatura del Partido Popular marcada por la imposición de una ley educativa elaborada sin consenso y de espaldas a la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad. La práctica totalidad de los partidos políticos se comprometieron a derogar la LOMCE apenas cambiara el juego de mayorías parlamentarias. Confiamos en que esta sea una de las primeras medidas adoptadas en la próxima legislatura. La segunda promesa con que abrió el Ministro Wert su trabajo al frente del Ministerio de Educación fue la elaboración del Libro Blanco de la Función Docente, encargado por su heredero, el señor Méndez de Vigo, a José Antonio Marina a tres meses de las elecciones. Un nuevo pilar del sistema educativo construido sin diálogo y sin consenso. No son estas las formas que esperamos de la nueva legislatura.

Por todo ello, reclamamos un proceso de diálogo abierto a la ciudadanía y a la comunidad educativa que permita el alumbramiento de una nueva ley de educación fruto de un acuerdo social y político que le augure, al fin, una estabilidad más allá de los vaivenes electorales. No aceptamos un Pacto de Estado entre partidos políticos y organismos económicos que excluyan a la comunidad educativa y la sociedad civil.

La educación ha sido tradicionalmente un privilegio del poder político, económico y religioso. No tenía como objetivo la educación general de la población, sino la formación de las élites dirigentes. A lo largo de casi toda la historia de España fue una minoría con suficientes recursos económicos la que pudo estudiar. La educación pública con carácter universal es un concepto reciente. La mayoría de la población no tenía acceso a la educación o ésta se realizaba con un currículo muy devaluado (leer, escribir, las cuatro reglas y el catecismo).

Antes de la Segunda República, sólo sería destacable la labor de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada en 1876 por Francisco Giner de los Ríos y otros intelectuales progresistas, para impartir una enseñanza no confesional, basada en las nuevas corrientes pedagógicas, en la libertad de ciencia, la tolerancia y el contacto con Europa. Con la influencia de la ILE se emprendieron importantes reformas en los terrenos jurídico, educativo y social, y se crearon organismos, como la Junta de Ampliación de Estudios, para ampliar y modernizar el sistema escolar. Pero la tasa de analfabetismo ascendía al 65% de la población. Bartolomé Cossío, a finales del siglo XIX, constataba la existencia de una población infantil escolarizable de más de cuatro millones, mientras el sistema escolar existente sólo daba atención a dos millones.

Con la Segunda República, las ideas de los liberales democráticos, republicanos y socialistas abrieron la posibilidad de expandirse en la educación. Durante el bienio reformista (1931-1933) se produjo una importante apuesta presupuestaria en el ámbito educativo, tanto para la creación de espacios escolares dignos, la atención a la formación y salario de los maestros y otras muchas iniciativas que vinculaban la educación con la cultura.

Estos dos años fueron únicos en la preocupación gubernamental por la educación pública; no en vano se consideraba la educación el motor del cambio social en España. Como decía don Gregorio, el maestro de La lengua de las mariposas: “El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro”.

Los principios de la Segunda República en materia de educación la consideraban una función esencial del Estado (pública), laica, obligatoria y gratuita (especialmente en la primaria). Debía tener un carácter activo, creador y también social: la escuela debía integrarse en la sociedad y tener una mayor conexión entre los padres. Defendía la coeducación, la renovación metodológica y pedagógica. Se facilitó el acceso a los más pobres con una política de becas.

Toda una revolución en aquella época y una auténtica Edad de Oro de la pedagogía española y también de la cultura. Fue muy brillante la experiencia de las Misiones Pedagógicas, que llevaban bibliotecas, cine, museo ambulante, teatro, audiciones musicales, etc. a las aldeas más remotas y a lomos de caballería cuando no podían llegar las camionetas.

La prioridad fue la atención a la escuela primaria, ya que se pensaba que era la piedra angular del edificio. Se planteó la construcción de 27.000 escuelas para escolarizar a toda la población infantil que no asistía a la escuela. En la etapa del bienio progresista (1932-33) hubo un fuerte impulso reformador en el terreno educativo, esfuerzo inversor, formación y dignificación del magisterio; aunque con problemas de financiación, por la crisis económica consecuencia del crack de 1929. El bienio conservador (1934-35) supuso un frenazo a las reformas anteriores.

El franquismo acabó con aquel proyecto modernizador y auténticamente revolucionario por su apuesta por la formación y educación de la ciudadanía. Fue brutal la represión: encarcelamientos, depuraciones y asesinatos. Muchos maestros fueron fusilados sin formación de causa. Era tal la animadversión del fascismo hacia su labor que se produjeron situaciones con tanta carga simbólica como la de disparar a la escuela al no poder hacerlo sobre el maestro por haber escapado a tiempo, como se puede ver en el documental ‘La escuela fusilada’.

Cuando en vez de llegar la paz, llegó la victoria, la Ley de Instrucción Primaria de 1939 volvió a una educación concebida como un derecho de la familia, de la Iglesia y del Estado. Su ideología se basó en el nacional-catolicismo, y fue de carácter confesional y patriótico, haciendo hincapié en la unificación lingüística de todo el territorio español. Se trataba de hacer no una “escuela pública”, sino una escuela estatal como medio de propaganda del régimen.

Los poderosos cambios económicos y sociales producidos en los años 60 obligaron a una reforma educativa en profundidad, que se plasmó en la ley General de Educación de 1970. En los más de treinta años del actual período democrático se ha desarrollado una profusa legislación educativa. Se ha aumentado la inversión educativa de forma notable y potenciado su carácter público. Pero a la vez se desarrolló una segunda red privada-concertada que es una bomba de relojería para el sistema. Las más importantes normas legales en la etapa democrática actual han sido la LODE, la LOGSE (1990), la LOPEG. Ya en el siglo XXI, las últimas leyes son la LOE y la LOMCE, esta última sin ningún consenso social ni político.

Lo destacable del periodo democrático es el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho social, que los poderes públicos están obligados a prestar. La escolarización se ha universalizado, se ha ampliado la cobertura en Educación infantil, se ha extendido hasta los 16 años la educación obligatoria, y ha crecido la población atendida en las etapas educativas postobligatorias: Bachillerato, Formación Profesional y las distintas modalidades de rango universitario.

Este repaso a las políticas educativas debe ayudar a tomar conciencia de la fragilidad que el sistema público de enseñanza tiene en España, ante la ofensiva neoliberal y privatizadora. Si no se detiene, el gran retroceso en la inversión educativa y las reformas legales conservadoras, crearán un futuro incierto para la educación al no estar asegurado ni su carácter público, ni su calidad, pudiendo quedar reducida a un subsistema devaluado y residual.

La importancia que hay que dar a la educación y a la cultura queda reflejada en la actitud de la Segunda República y en las palabras de Federico García Lorca, al inaugurar una biblioteca en Fuente Vaqueros (Granada) en Septiembre 1931: “Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. ¡Libros! ¡Libros! (…) Que el lema de la República debe ser: “Cultura”. Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz”.

Podremos valorar el retroceso que se ha producido en algunos campos en relación a la escuela de la República cuando vemos que, 85 años después, aumenta el alumnado de religión en bachillerato frente a otras asignaturas como Cultura Científica o Francés. La escuela pública de todos y para todos que necesitamos será posible con el proyecto de regeneración democrática que debe ser la Tercera República.

Un artículo de Rodrigo Carretero.

Una vez más, movilización en las aulas. El Sindicato de Estudiantes ha convocado para este miércoles y jueves una huelga en secundaria y universidades para exigir la derogación completa e inmediata de la Lomce y el llamado ‘Decreto 3+2’, que permite reducir la duración de los grados universitarios y aumentar la de los másteres, lo que supone un encarecimiento de los estudios, según denuncian las plataformas en defensa de la educación pública.

La semana pasada se aprobó en el Congreso la paralización del calendario de aplicación de la también conocida como ‘Ley Wert’, pero los convocantes de la huelga consideran esa medida un mero “acto simbólico”. “La paralización no es tal porque al día siguiente se siguen impartiendo los planes de estudio impuestos por la Lomce”, subraya a El Huffington Post Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

En su opinión, el pacto entre PSOE y Ciudadanos (que se abstuvo en la votación para paralizar la Lomce) es “una vergüenza total” que supone “una gran traición” de los socialistas a la Marea Verde. “Se están bajando los pantalones ante las presiones de la derecha. El pacto no contempla la derogación de la Lomce, que es algo que ellos resaltaron mucho durante la campaña. Tampoco habla del ‘3+2’, que supone que los ciclos universitarios costarán 20.000 euros o más, y ni siquiera reconoce la gratuidad del Bachillerato y de la FP”, critica García.

La huelga es un síntoma más del descontento que se respira en la comunidad educativa y un aviso al próximo Gobierno, que se encontrará con muchos retos en este área. Estudiantes, expertos, padres, madres y profesores dan las claves de las asignaturas pendientes que el próximo Ejecutivo tendrá en materia educativa.

1. LA DESPOLITIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Javier Tourón, vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo de la Universidad Internacional de La Rioja-Unir, subraya que el próximo Ejecutivo debería promover un pacto “de no intervención política en el sistema educativo” para que no sea “un mecanismo de nacionalización de las conciencias” en el que “todo el que gobierna quiere establecer una nueva ley”. “Es lo principal y afectada a todas las corrientes políticas, de izquierdas, de derechas y de centro”, subraya.

¿Quién debería, entonces, fijar el funcionamiento del sistema? Tourón dice que es ahí donde habría que centrar el debate y da ideas: principalmente, afirma, asociaciones profesionales expertas en desarrollo curricular, en las materias, expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas…

“Por ejemplo, ¿quién debería determinar qué es lo ideal para la enseñanza de la biología o de las ciencias? Pues los expertos en didácticas de las ciencias, los científicos…”, indica, aunque admite que también tendría “un papel que jugar” el ministerio de Educación. En su opinión, tampoco habría que dejar a un lado a las empresas, para determinar “qué competencias les gustaría ver en sus trabajadores el día de mañana, porque el sistema de educativo debe responder a las demandas sociales en cada momento”. “Aunque no sólo, porque puede haber otras demandas y hay que combinarlas”, matiza.

2. TRABAJAR EN UNA NUEVA REFORMA EDUCATIVA

La gran mayoría de los consultados por El Huffington Post coinciden en la necesidad de derogar la Lomce y de trabajar en una nueva ley educativa de consenso, que sería la octava de la democracia. Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores Anpe, advierte en este sentido de que ahora mismo, con la Lomce a medio implantar, cualquier paralización o derogación debería venir “siempre precedida de un pacto de Estado, un acuerdo de mínimos, de manera que se pueda abordar una nueva reforma educativa con tiempo, sin agobios, sin prisa y con vocación de que tenga duración y estabilidad”.

Para ello, Ana García, del Sindicato de Estudiantes, insiste en que la próxima e hipotética reforma debe ser consultada y hacerse con la participación y el consenso de los actores principales de la educación: padres, profesores y estudiantes y demás trabajadores de la enseñanza.

Pero advierte: “Si lo que entienden por consenso es el pacto de estado por la educación, que es un nombre para hablar de un pacto con la derecha, no estamos de acuerdo porque pactar con la derecha y defender la educación pública son cuestiones absolutamente incompatibles”.

3. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Los expertos coinciden en que la formación del profesorado es “la gran asignatura pendiente” y los docentes “la pieza olvidada del sistema”, por lo que subrayan la importancia de que este aspecto se aborde en profundidad en la próxima reforma. “Ningún sistema educativo es mejor que sus profesores”, zanja Javier Tourón, que insiste en que los profesores deberían estar “obligados” a actualizar “sus conocimientos pedagógicos y didácticos y el uso instrumental de las herramientas que necesitan para ello”.

También cree que los docentes deberían actualizar los conocimientos de las materias que imparten. “Un señor no puede haber salido de la facultad de químicas hace 25 años y seguir explicando el mismo modelo del átomo que entonces, porque la ciencia cambia y, por tanto, los profesores deberían actualizarse”, ejemplifica.

Otro de los talones de Aquiles que se suelen señalar en este sentido es que la formación de los docentes es demasiado teórica y muy poco práctica, por lo que habría que cambiar la forma en que se enseña a los maestros. “Pueden tener una buena preparación científica pero quizá falta pedagogía y didáctica. Es decir, no es sólo importante lo que se sabe, sino cómo se enseña y cómo se transmite”, explica Nicolás Fernández, de Anpe.

4. EL PROBLEMA DE LOS DEBERES

Eva Bailén, una madre que lleva meses luchando por la “racionalización de los deberes”, lanzó una exitosa campaña en Change.org que ha logrado más de 206.000 apoyos. Los alumnos españoles hacen 6,5 horas de deberes a la semana, frente a las 4,9 en los demás países, y sólo en Polonia, Irlanda, Italia y Rusia ponen más deberes, según la OCDE. Curiosamente, los países líderes en Educación, como Finlandia y Corea del Sur, son los que menos tareas mandan para casa, con menos de tres horas por semana.

“Hay cierto sector que, como no tiene hijos y no viven esta situación, piensa que los padres nos quejamos por nuestro afán de sobreproteger y de no educar a los niños en el esfuerzo. Muchas veces te vienen y te dicen que luego tenemos ni-nis porque no los educamos bien”, explicaba Bailén en octubre. De hecho, aseguraba que “las jornadas de los niños son, muchas veces, más largas que las de los adultos”.

Los padres insisten en que la nueva reforma debería regular de alguna manera todo ello. Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (Ceapa) afirma además que los deberes están generando “unas desigualdades tremendas”. “Quien no sabe, o no entiende las asignaturas, no puede realizarlos y acaba pagando clases particulares, por lo que el propio sistema educativo público está gerando desigualdad”, denuncia.

5. CAMBIOS EN LA INVERSIÓN ECONÓMICA

Los recortes han entrado de lleno en la educación en los últimos años. Los sindicatos denuncian que el sistema ha perdido unos 25.000 docentes desde 2010 y el gasto público para educación en España se redujo 7.000 millones entre 2009 y 2014, según un informe de la Fundación BBVA. A la luz de esos datos, Ana García, del Sindicato de Estudiantes, afirma que el “problema fundamental que tiene el sistema es que no tiene recursos”.

Por eso, llama a que el próximo Gobierno haga “un plan de emergencia económico para invertir en la educación pública todo el dinero que haga falta para que las necesidades que existen puedan ser cubiertas”. “Una vez conseguido ese dinero, habría que sentarse a ver cuáles son los problemas de la educación y cómo pueden solucionarse”, indica.

El experto Javier Tourón cree, en cambio, que el problema del sistema no es tanto de inversión como de “eficacia de lo que se invierte y, sobre todo, de diseño”. “Pasado un determinado nivel de inversión, que nosotros hemos sobrepasado con creces, más inversión no significa mejor rendimiento”, zanja.

6. LA EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA

“Estamos anclados en un sistema basado en metodologías prácticas que se están llevando a cabo desde hace 50 o 60 años y que no tienen nada que ver con la sociedad actual”, critica Jesús Salido, de Ceapa. El experto Javier Tourón cree incluso que este es uno de los “grandes retos de la escuela”.

En su opinión, ahora se necesita desarrollar en los alumnos unas competencias que tienen que ver con la creación y que no están “adecuadamente fomentadas por una escuela que se centra en la enseñanza donde el profesor explica, el alumno memoriza el mensaje mejor o peor y luego lo repite en un examen”. Un modelo, dice, que algunos denominan “modelo factoría” y que estaba muy bien “cuando había que preparar funcionarios para el imperio y queríamos que todos hicieran lo mismo”.

“Ahora estamos en una sociedad digital en la que la escuela sigue siendo analógica. Y necesitamos que la escuela sea digital también porque el aprendizaje también tiene que serlo. Y necesitamos desarrollar en las personas competencias transversales”, destaca.

7. MEJORAR LA FLEXIBILIDAD

Tourón insiste en que la escuela debe ir hacia un modelo que “fomente la personalización y el desarrollo del talento”. Y eso, dice, se logra con flexibilización curricular y con una enseñanza basada en competencias y en el dominio. “Conceptos como libro de texto, curso, agrupamiento por edad... tienen que desaparecer”, afirma.

Nicolás Fernández, presidente del sindicato de profesores Anpe, también cree que, especialmente la enseñanza secundaria, tiene que ser mucho más flexible y los caminos tienen que ser alternativos. “Si a un alumno en tercero se le recomienda que vaya por la FP básica, ese camino no debe ser irreversible. El título de graduado escolar debe posibilitar al alumnado que vaya donde quiera ir”, dice. Y apuesta por un bachillerato de tres años con un primer curso de fuerte componente común de asignaturas y dos años más específicos.

Muchos retos y múltiples posturas que obligan a un debate profundo. Cuestión de Educación.

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la reforma universitaria que permite grados de tres años junto a másteres de dos, han llevado al Sindicato de Estudiantes (SE) a convocar a los alumnos de institutos y universidades a secundar una huelga de 48 horas en busca de una enseñanza "pública, digna, gratuita y de calidad".

Los estudiantes han convocado una huelga para exigir la derogación de la LOMCE y el 'decreto 3+2'. Una enseñanza "pública, digna, gratuita y de calidad" es la reivindicación de este sindicato estudiantil y su protesta cuenta con el apoyo, entre otros, de Izquierda Unida, Podemos y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, que agrupa a varios sindicatos y asociaciones de docentes y padres como CCOO, UGT y Ceapa.

Se trata de la segunda huelga educativa convocada en este curso y siendo ministro de Educación (en funciones) Íñigo Méndez de Vigo. Además, están convocadas para manifestaciones en distintas ciudades; la de Madrid tendrá lugar el jueves a las 12 horas y discurrirá entre la ronda de Atocha y la Puerta del Sol.

"Volvemos a las calles", "No nos engañan, la Lomce sigue en marcha" son algunos de los lemas de la nueva huelga, ya que el SE -cuenta con cerca de 20.000 afiliados a nivel estatal- critica asimismo al PSOE por pactar con Ciudadanos y no cumplir con la derogación de la también denominada ley Wert. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), que representa a cerca de 900.000 universitarios de 32 universidades públicas, está al margen de esta huelga.

Un artículo de Victor Bermúdez Torres, profesor de filosofía.

“¿Y por qué está la LOMCE abocada al fracaso? Porque incluso en el hipotético caso (casi imposible) de que el PP volviese a gobernar con mayoría absoluta, ¡medio país (al menos) no quiere esa ley!”

Ha pasado totalmente inadvertido, pero hace muy pocos días el PP usó su mayoría en el Senado, para tumbar una moción del PSOE (apoyada por Podemos y Ciudadanos) para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE, la ley educativa del PP (también conocida como ley Wert) rechazada por la práctica totalidad de los partidos, la mayoría de los cuales se ha comprometido, además, a derogarla.

El objetivo de la moción socialista era dar tiempo para comenzar a acordar una nueva ley que fuera fruto de un consenso, y no de la imposición de un solo partido, y que sustituyera, lo más rápido posible, a una ley que, como todo el mundo reconoce (incluyendo amplios sectores del PP), nació muerta. Pero desde el partido en el gobierno no atienden a razones: pretenden acabar de implantar la LOMCE a toda costa, cueste lo que cueste, sin consensos ni aplazamientos que valgan.

Los dos argumentos que suele ofrecer el PP son que la LOMCE es magnífica, y que paralizarla generaría incertidumbre. Lo primero es, obviamente, opinable; pero el hecho es que a la mitad, al menos, de los españoles no nos parece para nada magnífica por muchas y muy variadas razones mil veces expuestas. Con respecto a la cuestión de la incertidumbre, parece igualmente obvio que genera aún más incertidumbre seguir aplicando una ley (con el enorme coste que eso supone) que, a todas luces, está abocada al fracaso.

¿Y por qué está la LOMCE abocada al fracaso? Insisto. Porque incluso en el hipotético caso (casi imposible) de que el PP volviese a gobernar con mayoría absoluta, ¡medio país (al menos) no quiere esa ley! Por lo que, lógicamente, más pronto que tarde acabará derogada. Entender esto es lo mismo que entender cómo debería proceder - ¡siempre! - un gobierno con leyes tan fundamentales como las educativas: buscando, incansablemente, el mayor consenso posible. Otra cosa no solo no es legítima (aunque sea legal) sino que es perfectamente inútil. Somos uno de los países que más leyes educativas ha promulgado y derogado en los casi cuarenta años que llevamos de democracia. Y seguiremos igual mientras las fuerzas políticas sigan empeñadas en imponer, cada una a su turno, y contra viento y marea, su modelo fetén de educación. Esto es, mientras no se acostumbren a algo que no es sino la pauta común en cualquier democracia: llegar a acuerdos con el mayor grado de consenso posible, al menos en las leyes más importantes.

Esta incapacidad para argumentar y ponerse de acuerdo no solo es un problema de políticos, sino que es, junto a la afición a los bandos (o eres de los míos o no lo eres), un rasgo del carácter nacional, un atavismo más a superar en este país tan necesitado, aún, de cultura democrática. Muchos de mis conciudadanos aún mantienen una concepción infantil y rudimentaria de la democracia como una especie de toma y daca caciquil, un ganar o perder, que “salgan” los “tuyos” o los “míos”, por encima de toda racionalidad y de la opción, mucho más sensata y práctica, de ceder todos para buscar el mayor de los acuerdos posible. Por ejemplo, una ley educativa (entre las infinitas posibles) que no genere un rechazo radical en la mitad de los que van a tener que sujetarse a ella! ¿Tan increíblemente difícil resulta entender esto?

Pues debe de serlo. Porque el gobierno del PP está dispuesto a acabar de imponer, sea como sea, esa ley que, además de suscitar el rechazo de la mitad de los españoles, supone, por la premura de su aplicación, un sinfín de problemas aún, hoy por hoy, sin resolver. Los alumnos que cursan ahora mismo el Bachillerato (mitad por la LOMCE y mitad por la antigua LOE) no saben todavía, por ejemplo, en qué consistirá la prueba final estatal de la que dependerá su título. Tampoco los alumnos que cursan ahora mismo Educación Secundaria Obligatoria (ESO) saben cómo será la prueba final de la que también pende su titulación.

De acabar de aplicarse la LOMCE, los chicos que, además, repitan curso en segundo de Bachillerato o cuarto de ESO tendrán que afrontar materias y contenidos nuevos (por lo que, en rigor, no repetirán curso, sino que empezarán uno nuevo). De otro lado, los que, en ESO, venían siguiendo programas de diversificación y refuerzo, tendrán que integrarse, de golpe y porrazo, en grupos ordinarios en los que, muy probablemente, fracasarán. Por otra parte, los alumnos quinceañeros de tercero de ESO tendrán que decidir ya, en estos días, sin la orientación pertinente y sin vuelta atrás, si dirigen su vida hacia el mundo técnico-profesional, o hacia el Bachillerato y los estudios superiores. ¿Es necesario seguir? Y todo esto sin contar con la drástica disminución de las materias que fomentan el pensamiento crítico, la reflexión ética, la educación en valores, la expresión artística... Al fin y al cabo: ¿para qué sirve todo eso si obtener el título dependerá de que superes la batería de preguntas tipo test que es en lo que, según rumores – no hay más que rumores – consistirán las futuras reválidas?...

Si creyera en la buena fe de los defensores de esta infame ley, albergaría la esperanza de una especie de milagrosa redención. ¿Se imaginan? En plena Semana Santa, el gobierno en funciones del PP, consciente de la situación política, y del rechazo masivo a la LOMCE decide sacrificarla por el bien del consenso democrático y de todos los estudiantes del país. Y santas pascuas. ¿Será esto posible? Ojalá. Aunque me temo que estos soberbios padres de la patria ya han elegido. Han elegido no dar su brazo a torcer. Ya se hunda el mundo.

Un artículo de Ángel de Mora-Losana Careno.

Una generación con mucha capacidad, pero a la que la situación actual apenas concede muchas posibilidades de realizarse. Así lo explica este autor en MUNDIARIO.

El pasado jueves 17 de marzo los jóvenes alzaron su voz para decirles a los políticos cuales eran sus sueños y deseos. Sueños, que se han roto porque muchos de ellos ni tienen medios para estudiar, ni pueden encontrar trabajo y, en las circunstancias actuales, nadie les deja hacerlo ni tienen posibilidades. Esta generación de jóvenes, denominada «Ninini», expuso claramente en el Auditorio CaixaForum Madrid ante los partidos políticos de derecha e izquierda sus reivindicaciones y sentimientos para que, por fin, fueran escuchados. La jornada fue organizada por La Fundación porCausa y el Consejo de la Juventud de España, con el apoyo de la Obra Social «La Caixa». En ella se difundieron los resultados del proyecto «Sueños Rotos». Un trabajo de investigación y periodismo que muestra la situación de la población joven de 16 a 30 años que, estando llamada a sacar al país adelante, no puede hacerlo porque las condiciones actuales derivadas de la crisis ha mermado notablemente sus posibilidades. El estudio también revela datos preocupantes que muestran un porcentaje notable de población juvenil en riesgo de pobreza y exclusión social.

El acto fue un memorable encuentro en el que los jóvenes hablaron y los políticos escucharon. Se comentaron los problemas actuales de la juventud española centrados en el paro, educación, emigración, precariedad y desigualdad. La jornada fue presentada por la periodista Soledad Gallego-Díaz y el debate estuvo moderado por Pilar Velasco, reportera de investigación y gran profesional de la Cadena Ser.

Los cuatro jóvenes que participaron en el debate describieron la dura realidad que estaban sufriendo y comentaron el vídeo del periodista Gabriel Pecot, que relata las duras condiciones de algunos estudiantes y de sus padres que intentan salir adelante. Personas que luchan día a día, pero que se sienten cifras de estadísticas sin posibilidades de forjarse un porvenir. Chicas como Cynthia que no pueden emanciparse ni estudiar porque no tienen medios y sus padres están ahogados económicamente, a punto de ser desahuciados.

Estos testimonios muestran la radiografía de muchachos que cuentan con mucho talento y unas enormes ganas de comerse el mundo, pero a los que la sociedad actual apenas les concede posibilidades de formarse y de acceder a trabajos que les permitan vivir y realizarse.

El debate tuvo un mensaje muy claro por parte de los cuatro participantes a la pregunta realizada por Jorge Galindo, investigador en el Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra: «¿Qué le pedís a los políticos?». Contestaron: «Le pedimos educación y trabajo. Una educación mejor que nos abra las posibilidades de trabajar y de ser nosotros mismos». El acto finalizó con tres chicas que cantaron a ritmo de rap feminista describiendo algunos desafíos a los que se enfrentan las mujeres.

Desde la Fundación Gestión del Conocimiento intervenimos en el debate alzando nuestra voz bien alta para pedirles a los políticos y medios de comunicación que hicieran un esfuerzo por cambiar el modelo actual. Lo expresamos bien claro para que abran sus oídos e introduzcan la innovación en la educación. No necesitamos un modelo basado en la economía en el que las personas son números, sino uno fundamentado en la Sociedad del Conocimiento, donde el centro de atención son los seres humanos. Un modelo que facilite el acceso al conocimiento a estas generaciones, en lugar de que se convierta en una mercancía que solo las personas con alto poder adquisitivo puedan obtener. Una formación que no esté basada solo en la memorización, sino que también se complemente potenciando la capacidad de los individuos para asimilar más fácilmente las nociones, intercambiar las ideas y mejorar el rendimiento en el trabajo. Una enseñanza basada en la gestión eficaz del conocimiento que centre sus esfuerzos no solamente en el «saber» sino en el «saber hacer».

Marwan, poeta y cantautor madrileño escribió en una de sus canciones más celebres: «Necesito un país que se arranque la tristeza, gente buena porque sí, corazón en la cabeza».

Estas palabras llevan toda la razón. Necesitamos un país diferente que pueda levantar el ánimo y la confianza de estos jóvenes y darles mayores oportunidades. Una sociedad que base sus decisiones no en los votos ni en las audiencias, sino en la racionalidad y el conocimiento. Una nueva sociedad que se preocupe verdaderamente de la gente y se ponga en su sitio, que reconozca el esfuerzo de todas las fundaciones y ONG y que apoye a aquellas que se dedican a la enseñanza dejándose la piel, a veces con presupuestos anuales inferiores al sueldo base de un mes para no quebrar y poder difundir sus enseñanzas de forma gratuita a quienes más lo necesitan.

A través de las conversaciones de esta jornada, hemos obtenido el compromiso de Ignacio Urquizu, diputado del PSOE por Teruel, para intervenir en la Comisión creada para temas educativos. En ella expondremos nuestras propuestas, como el proyecto Madrid Ciudad del Conocimiento que presentamos hace dos años al anterior gobierno del Ayuntamiento de Madrid, y hemos vuelto a presentar a tres representantes del actual gobierno sin que nadie se decida a abordarlo. Estaremos allí presentes no solo para poder aportar soluciones a los jóvenes, sino también a los desempleados y, en especial, a las personas mayores de cuarenta años que se han quedado sin trabajo y a las que nadie contrata. Formaremos parte de esa Comisión para decirles a los políticos que la sociedad merece ser oída y tenida en cuenta, y que tenemos que afianzar entre todos una gran transformación en el país, un cambio para promover los valores desde la infancia, difundir el conocimiento a través de metodologías avanzadas y potenciar la cultura.

Un gran cambio para que los ciudadanos no estén sometidos a la economía, sino que la economía les facilite adquirir con las máximas facilidades el conocimiento necesario, para que puedan realizarse y ser tratados con la dignidad que todo ser humano merece.

Los cinco alumnos que acudieron a clases ayer en la primaria Nicolás García, en la Unidad Ermita Zaragoza, de Iztapalapa, luchan por sostener una lona que se les viene abajo por el viento, en su improvisado y nuevo salón a un lado de la entrada de la escuela. Tienen que recurrir a esto luego de que su maestra de quinto año fue despedida sin derecho a liquidación y sin recibir los últimos días trabajados en la quincena.

Érika Núñez Montes es una de los 3 mil 360 profesores despedidos por no presentarse a la evaluación docente a la que fueron convocados 153 mil maestros en el país.


No presentó ninguna de las cuatro evaluaciones docentes a las que fue convocada, porque, al igual que miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechaza la reforma educativa aprobada desde 2013, que por primera vez aplicó las sanciones que tienen consideradas la Ley General del Servicio Profesional Docente, como la de retirarle su nombramiento “sin responsabilidad para la autoridad educativa”.

El pasado 7 de marzo, cuatro personas irrumpieron en el salón de quinto A y notificaron a Érika que no podía seguir dando clases, y que desde el primer día de marzo no era considerada parte del personal en esa escuela. Según la maestra, hace un mes le entregaron un formulario en donde le preguntaban los motivos por los que no se presentó, no contestó.

En los 13 años que Érika ejerció dice que nunca fue visitada en ninguno de los salones en los que trabajó: “Nunca evaluaron mi plan de estudios ni las condiciones en las que di clases”, reclama. El día del despido fue la primera vez que tantas autoridades entraron a uno de sus salones.

Los índices de violencia en la colonia Ermita Zaragoza siempre la han mantenido en la nota roja. El año pasado éste fue uno de los puntos de la Ciudad de México en donde sicarios colgaron de un puente un cadáver.

Los padres de familia que hablan a favor de la maestra Érika aseguran que su intervención con los niños les ha permitido sobrellevar varios problemas y mejorar sus calificaciones.

Luego de 10 años como maestra de la escuela Nicolás García ha logrado la simpatía de algunos. Una docena de padres de los 15 alumnos de quinto A dirigieron un escrito al supervisor de la zona escolar, Lorenzo Mendoza, en donde además de la reinstalación de la profesora le piden una reunión para que reconsidere el despido.

Como respuesta, el supervisor entregó un oficio en donde explica que las reuniones son convocadas únicamente por la Dirección Escolar para la rendición de cuentas, dos veces al año. También dice que no pueden impedir que la maestra siga dando clases fuera de la escuela si así lo desean, y advierten que no pueden intervenir con la separación del cargo, que tienen que acatar la ley que la dejó sin nombramiento.

Según la dirigencia de la CNTE a la que pertenece Érika, 7 mil maestros fueron convocados a la evaluación docente, y 11 docentes despedidos por no presentar la prueba en la Ciudad de México. No se sabe exactamente cuántos profesores como ella siguen en resistencia, no hay encuestas, listas o un registro que la CNTE lleve para conocer a sus agremiados, pero la SEP afirma que de los convocados, sólo 2.2% será despedido por no presentarse a la primera prueba que dispuso la reforma.

Pese a que el secretario Aurelio Nuño interpretó que los más de 3 mil despedidos no tienen derecho a una liquidación, la CNTE busca exigir que a estos 11 maestros le respeten sus derechos laborales, con una demanda colectiva por despido injustificado.

El artículo 74 de la Ley del Servicio Profesional Docente obliga a los maestros a someterse a evaluaciones periódicas y les advierte que “perderán su nombramiento en caso de no cumplir, sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas”, aunque también dicta que esto no tendrá perjuicio en “su derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan”.

Un artículo de Cristina Guzmán.

Los últimos presupuestos confirman que existe un trasvase de fondos públicos a favor de los conciertos privados, que ya acaparan 120 millones más que en 2011.

La justificación de los recortes en la educación madrileña no se debe tanto a la tan recurrida austeridad de la que todos presumen, sino a una apuesta encubierta por la enseñanza privada que lleva años llevándose el trozo más grande del pastel. Más allá de las apariencias, con una subida de los fondos destinados a esta materia del 2,75% (4.373 millones) en 2016, la realidad es que son cifras muy inferiores a las presupuestadas en 2009, cuando alcanzaron los 4.753 millones de euros. La diferencia en tan sólo siete años asciende a los 341 millones de euros, algo que podría deberse al periodo de crisis, pero que coincide con el intercambio de partidas en detrimento de los centros públicos.

La prueba de ello es el 0,9% menos que la comunidad destina este ejercicio a la Educación Infantil, Primaria y Especial en comparación a 2015. De los 856.8 millones presupuestados en este ámbito, se recortan casi 4,3 millones en plantillas y otros 4 millones en ayudas directas a los centros. En el otro extremo, la partida Becas y ayudas a la educación se incrementa un 5% respecto al año pasado, en un total de 50,78 millones hasta alcanzar los 1.073.8 millones, de los cuales 970 estarán dedicados a conciertos. Es decir, del incremento interanual de más de 50 millones casi 36 se destinan a la enseñanza privada. El resultado es que entre 2011 y 2016 un 10% de los fondos se han redirigido de la enseñanza pública a los conciertos, un total de aproximadamente 120 millones.

En el mismo tramo dedicado a las ayudas, el incremento de 23 millones en las becas para familias no es todo lo solidario que a primera vista parece. Del montante total de 98,1 millones, la mayor parte va destinada a la escolarización en centros privados en el tramo 0-3 años, mientras que sólo 2 millones financiarán la apertura de comedores escolares en periodos no lectivos para los centros de titularidad pública.

Otro punto negro dentro de los presupuestos madrileños es la partida dedicada a construcciones, que se redujo hasta un 28% respecto a 2015, de los 57 a los 41 millones de euros. En la misma línea, las mejoras en equipos se mantienen congeladas en 24 millones, mientras que el programa de infraestructuras sufre un recorte de casi el 60% respecto a 2011, pasando de los 148,5 a los 65,15 millones.

Universidad no es igual a calidad

El batiburrillo de reformas llevadas a cabo por la Administración en los centros universitarios madrileños ha dado pie a un reajuste presupuestario total de cara a que cuadren las cuentas. Aunque es verdad que la cuantía ha crecido hasta 73 millones en este sentido, de los 907,2 millones previstos para cubrir este ejercicio; 39,5 serán destinados a compensar la bajada de las tasas y 23 millones al cumplimiento de sentencias que reconocen una deuda de la Comunidad de Madrid con las universidades públicas que supera los 300 millones.

En relación a los estudiantes, las ayudas vinculadas a los resultados académicos ascienden a los 6,8 millones de euros, mientras que aquellas dedicadas a paliar las situaciones de desigualdad se quedan en tan sólo 2 millones.

Un artículo de Lev Moujahid Velázquez .

El objetivo central de la Reforma Educativa nunca fue mejorar el Sistema Nacional de Educación, siempre se planteó y se dijo hasta el cansancio, que su verdadera finalidad era despedir a las y los maestros; pero los 3600 cesados, sin derecho a ninguna indemnización ni responsabilidad alguna para la autoridad, es apenas la punta del iceberg cuya política laboral totalitaria y regresiva, amenaza con hundir al barco más grande de América Latina que tripulan cerca de un millón y medio de trabajadores de la educación para llegar cotidianamente a lo más profundo del México abandonado.

Si bien, en la Reforma Educativa no se puede negar que persiste una cierta disputa por el instrumento ideologizante y aculturador de la burguesía; es decir, por la escuela pública, también es cierto que ésta ya no es, en sentido estricto, sólo el espacio reproductor del consenso de la élite para manipular la conciencia popular; ahora los medios de comunicación visuales y las tecnologías de la información han adquirido un importancia relevante para ese objetivo.

La escuela es, primordialmente, la empresa que sirve directamente a la economía para acumular riqueza, no sólo reproduce el patrón de dominación cultural. La burguesía del siglo XXI advirtió que la educación representa un negocio en sí mismo que puede producir a gran escala y para un amplio mercado de consumo: libros de texto; software educativos para computadoras fijas y tabletas digitales; cursos de formación y capacitación presenciales y en línea; además de las habilidades laborales más demandadas por la economía digital y las nuevas industrias.

Estas nuevas perspectivas en la educación hacen necesarios cambios urgentes, más que curriculares o netamente pedagógicos, administrativos y en la organización escolar, mismos que han afectado la función y la situación laboral de los docentes. No quiere decir que los profesores ya no sean el vehículo para la reproducción cultural por el que alguna vez fueron ampliamente reconocidos, porque cumplían, incluso, una profesión de estado; pero, en las condiciones de la escuela actual son también trabajadores de la gran industria del conocimiento, cuyos beneficiarios inmediatos son los capitales privados.

Los maestros como trabajadores de la maquila escolar, están siendo sometidos a los nuevos regímenes de contratación precarizados, que a través de reformas laborales han hecho mutaciones profundas a nivel mundial en cualquier sector económico, ya sean de mercancías materiales como los automóviles o inmateriales como la educación.

El despido masivo de los profesores en activo y los nuevos ingresos al servicio docente en condiciones de absoluta incertidumbre laboral, no es un problema que se reduzca a lo jurídico como algunos han querido ver. El asunto es más de fondo, de dimensiones estructurales en la composición del capitalismo, justamente en el momento en que la crisis económica requiere recortes o desviaciones violentas en los recursos, todavía, administrados por el estado, para que se dispongan a oxigenar las industrias privadas; por ejemplo, de la construcción, a través de programas como Escuelas al CIEN; o de la educación, con programas de capacitación laboral y formación docente en escuelas particulares.

Es un problema estructural en el que se está prescindiendo de una gran parte de la fuerza viva del trabajo docente, aun cuando existen miles de escuelas multigrado, por la aguda carencia de personal. La mínima inversión en formación inicial de los maestros (normales), prestaciones, jubilaciones y salud, garantiza mayores ganancias para los beneficiarios de la industria educativa, pero también más recursos públicos al sector privado ávido de monetización en tiempos de escasez.

Un problema de tal naturaleza no se resolverá con salidas individuales o en el terreno de las instituciones jurídicas; no obstante, abogados particulares y grupos sindicales intentan lucrar con la necesidad de los maestros cesados y otros fortalecer los lazos clientelares de sus debilitadas estructuras, haciendo de los amparos un fetiche que detendrá una medida de mayores dimensiones.

En este momento será la lucha amplia, enérgica, mayoritaria y masiva de los cesados y profesores en activo, estados afectados y no afectados por los primeros despidos, de la CNTE y de cualquier expresión magisterial, volcada por cientos de miles sobre las calles de cada rincón del país como una gran marea de indignación, solidaridad y descontento, lo que detendrá los efectos agresivos de la Reforma Educativa.

En el barrio de Hortaleza de Madrid, la administración pretende cerrar las líneas de ESO y Bachillerato de un centro histórico de un barrio popular el IES ROSA CHACEL. Las familias del barrio, el alumnado y los docentes, junto con asociaciones y colectivos del barrio se están movilizando y el lunes 14 estamos organizando unas jornadas en defensa de la educación pública que culminarán en un encierro.

Que no se vuelva a apagar la voz de Rosa Chacel (1)



La administración ha decidido que el IES Rosa Chacel, un centro público histórico del madrileño barrio de Hortaleza, no es apto para ofrecer la ESO y Bachillerato. Los argumentos que se esgrimen son un símbolo del daño que se está haciendo a la educación pública; toda una maraña de despropósitos, despreocupación por las familias del barrio, pragmatismo cínico y cortoplacista y, sobre todo, disfrazada ideología neoliberal. Así, grosso modo, se trata de que no hay demanda suficiente, que tenemos en un barrio seis centros que ofertan ESO (de ellos tres concertados).

La cuestión es que un centro con instalaciones suficientes y posibilidades enormes va camino de ser infrautilizado, que una parte importante del barrio se queda sin los servicios de ESO y Bachillerato, y que la alumnas y alumnos a los que les correspondería el IES Rosa Chacel tendrán que hacer kilómetros para recibir la educación que quieren y necesitan.

Las familias del barrio, el alumnado y los docentes, está claro, no queremos que se “reconvierta” y hemos tratado de explicar las cosas desde que anunciaron el sacrificio de una parte vital del centro: el derecho a recibir una educación pública de calidad no puede depender de que haya mucha o poca demanda (si las cosas se hicieran bien, pues no haría falta recordar que la administración tiene la obligación de asegurar la educación de las familias; cuestión de derechos humanos); pero, más importante aún, es que no podemos olvidar que la cacareada demanda no nace, sino que se hace. No hace falta que nos vayamos a Marx para defender eso que explicaba Adam Smith de que la demanda depende de la oferta.

Y ese es el cuento con el que nos encontramos, si al final la administración no es la que cuida, promociona, mima y defiende la enseñanza pública, entonces se va a deteriorar, no tendrá el prestigio y la categoría que le corresponde y desde la inmediatez será más difícil defenderla.

Madrid como capital del Estado tiene una responsabilidad enorme, y esa es su gloria y su condena. En la cruzada contra lo público a la que se han lanzado los gobiernos del neoliberalismo y que tanto ha aplaudido el status quo, pocas comunidades como Madrid han sufrido tanto. Es modelo para el resto del Estado y la lucha de la misma marea verde para evitar esa apuesta por lo privado ha tenido que ser mucho más heroica que en ningún otros sitio. Posiblemente de lo que nos sintamos más orgullosas, es precisamente de pertenecer a ese grupo de combatientes (docentes, familias y alumnado) que se han dejado la piel por la enseñanza pública. Y que nadie dude que hemos conseguido cosas muy grandes.

En fin, en Madrid ya hace mucho tiempo que se abrió el melón del negocio privado en los servicios públicos. Los argumentos a favor los hemos oído – los seguimos oyendo – mil veces: las familias tienen derecho a decidir qué educación reciben sus hijas e hijos, el sector de la privada/concertada no va a eliminar la educación pública, va a aligerar la carga de la pública, que quedará para quienes verdaderamente lo necesiten, los proyectos educativos innovadores no tienen cabida en la educación pública, hay que dejar espacio a la iniciativa privada…

Las únicas familias que verdaderamente “eligen” la educación de su prole pagan carísimos colegios privados que garantizan que su descendencia esté bien relacionada de por vida. El resto, como mucho, aspira a que no se junten niñas y niños (anticonstitucional) o a que descienda el número de inmigrantes y alumnado con problemas en las aulas. Eso sí, estos últimos financiados con dinero público.

La innovación educativa y las nuevas metodologías deberían poder ser dentro de la pública, pero es imposible con 25-30 estudiantes por aula. Así que eso de que se garantiza la calidad de la educación pese a los recortes... ¿En serio se puede justificar eso?

Los centros de nuevas pedagogías se cuentan con los dedos de una mano, probad a contar los centros religiosos concertados, a ver cuántos salen.

Pero veamos las cosas de otra manera: vamos a llenar los centros de profesionales y recursos; vamos a hacer que el IES Rosa Chacel (como ejemplo) no tenga dos ordenadores y una impresora para el trabajo de todos los docentes, y que la calefacción funcione en todas las clases, y que todo el alumnado pueda acceder sin problema a las Tecnologías de la Información, y promocionar proyectos que vinculen el centro al barrio... Otra cosa que no habría que decir, pero esa es la responsabilidad de la administración.

El descuido de lo público podría ser considerado como negligencia, pero la cosa es mucho más grave porque de lo que se trata no es de descuido, sino que hay una carga de intencionalidad tremenda. Lo que está en juego al final son dos modelos de educación y, al final, dos modelos de sociedad. Aquella que protege y defiende la cultura para todas y todos, y aquella que cree que no todos tienen derecho a recibirla.

Defender la educación pública significa defender la igualdad de oportunidades, defender el sistema de becas, o mejor, una educación gratuita desde el inicio al término (eso no ha llegado a pasar nunca en este país), esto es lo único que garantiza que puedas desarrollar al máximo tus capacidades, vengas del entorno socioeconómico del que vengas.

Y una cosa más, no hay que olvidar que la idea de los conciertos fue una solución cortoplacista al problema de tener que construir muchos centros educativos de golpe en todo el Estado. Ahora que la presión demográfica es menor no tiene sentido que se abra más concertada, y no solo se conciertan más centros, sino que, como vemos en Hortaleza, se cierran los públicos, que son de todas y todos, y se mantienen abiertos los concertados, pagados con dinero público, pero cerrados a las familias con menos posibilidades económicas.

En fin. Que cuando se habla de ataque neoliberal, de agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, de bolsas de pobreza… No hay que pensar sólo en la tasa de paro. Porque si es así hoy, imaginad cuando todas nuestras niñas y nuestros niños salgan de sus pobres escuelas públicas (abarrotadas, con pocos docentes sobrecargados, sin presupuesto), sin título y sin reválida, sin dinero para estudiar una carrera, ni en formación profesional ni en universidad. Entonces sí que será un planazo: nada de oferta laboral y una enorme bolsa de mano de obra disponible, poco cualificada y pobre. ¿Os suena?

Y al final seguimos estando en la trinchera, porque nos vamos a seguir dejando la piel por eso que consideramos tan nuestro y tan importante: la cultura. La defensa de la cultura en el día a día es nuestro trabajo; pero quizás lo mejor que podemos enseñarles a nuestras alumnas y nuestros alumnos, a nuestras compañeras y a las familias, es que hay que luchar por lo que uno quiere, que la justicia es nuestra meta, que no hay que tirar la toalla y que las batallas hay que librarlas, porque ya estamos ganando al luchar, porque más pronto que tarde ganaremos y porque, como decía Silvio Rodríguez, “nos va la vida en ello”.


Sergio Avilés Rico. Profesor de Filosofía del IES Rosa Chacel

Asúnción López Manjón. Presidenta del Ampa del IES Rosa Chacel y Profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid

Maria José Puerta Ibáñez. Profesora de Informática del IES Rosa Chacel

Contacto: asamblea.rosachacel@gmail.com

Si lo deseas, puedes firnar la petición en change.org


(1) Rosa Chacel fue una escritora de la generación del 27, al igual que muchos tuvo que exiliarse huyendo del franquismo, como muchas, su voz fue acallada

Un artículo de Jose Luis Escobar Arroyo, abogado.

Una chica de 13 años llamada Rocío Guinea, que estudia y vive en Benidorm, realizó el trabajo que voy a mostrarles a continuación. Fue un ejercicio que se mandó hacer para la asignatura de educación para la ciudadanía. El profesor se quedó asombrado por la simplicidad de la explicación y su veracidad. Se sentó y lo releyó varias veces. Luego lo leyó en alto para toda la clase. Finalmente puso a Rocío un sobresaliente. No salía de su asombro.

La razón por la que Rocío sabe tanto es que me ayudó a escribir una novela para acercar el pensamiento griego a las personas no iniciadas, especialmente a los jóvenes. También se trataba el sistema político griego y se comparaba con el sistema político actual. Rocío leía cada capítulo y me decía todo aquello que no comprendía o resultaba de difícil comprensión para una niña de 13 años con los que contaba cuando se escribió, de tal manera que me hizo repetir algunos pasajes (muy pocos la verdad, es muy inteligente) hasta que fueran fácilmente comprensibles.

Dicho libro, dedicado a Don Antonio García-Trevijano entre otros, se titula “La hija del tiempo” y está previsto que salga la primera edición en el próximo mes de abril.

Reproduzco, a continuación, el trabajo:

¿ES ESPAÑA REALMENTE UN ESTADO DEMOCRÁTICO?

Democracia. (Del gr. δημοκρατία). 1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. 2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.

“El pueblo Ateniense, origen de la democracia, se consideraba libre porque podía controlar a los gobernantes con tres reglas:

Primera: que el pueblo (hoy diríamos nación) dictara las leyes.
Segunda: que el pueblo elija a sus gobernantes.
Tercera: tenían un sistema de control que permitía castigar la mala gestión.
Por tanto un sistema corrupto se formaría si se perdiesen las condiciones de libertad del pueblo ateniense y rompiera una o varias de esas tres reglas.”

Los votantes, en España, carecen de dos de los tres elementos que los atenienses consideraban imprescindibles para considerarse libres y no esclavos del poder: el derecho a dictar leyes y el derecho a elegir gobernantes.

Los ciudadanos no eligen a los representantes, los elige el Jefe de Gobierno, y además éste los controla.

Aquí no se mueve nada si no lo decide un partido. Los partidos hacen las listas electorales y eligen a sus componentes. Ahora tenemos unos partidos que controlan a los representantes; no unas oficinas electorales donde el control sea del pueblo, de los votantes.

Todos los representantes que constituyen el poder legislativo, que hacen leyes, los han nombrado los partidos y los votantes ni los eligen ni tienen control sobre ellos. El partido puede dejar de ponerlos en las listas y se acabó su carrera política.

Los partidos políticos están subvencionados por el Estado de modo muy generoso.

En un sistema libre de corrupción, el Estado nada tiene que ver con los partidos, pero en un sistema corrupto es esencial. El partido Nazi, el partido Fascista, la Falange de Franco, eran partidos estatales, mantenidos, pagados y por tanto controlados por el Estado. Si el Estado dejara de financiarlos, se hundirían en solo unos días, así que están absolutamente controlados. Son estos partidos los que confeccionan las listas electorales de los representantes nacionales, locales o de comunidades autónomas. Si uno saca la mitad de votos de una provincia que tiene ocho representantes, entonces los primeros cuatro de su lista serán representantes.

Estos “representantes” obedecerán al jefe del partido, serán controlados por él y si no son obedientes, ya no entrarán en más listas. Realmente la gente no elige a representantes, a personas, sino a partidos, que luego no puede controlar. Lo único que pueden hacer es votar a otro partido, pero sin control alguno sobre leyes ni gobiernos.

Estos “representantes” nombran a través del Legislativo o del Ejecutivo, al Consejo que de los jueces, que les asciende, les pone sueldo, les sanciona…

Estos “representantes” nombran a los jueces del Estado que forman el Tribunal Supremo y el Constitucional, por medio de la Cámara de Representantes, del Gobierno o del Consejo de los jueces.

Puede pensarse que acceder a ser representante de un partido político es un acto democrático, en los partidos mandan los jefes que hacen las listas y reparten privilegios, pero a las bases hay que amordazarlas. Exigen para presentarse a dirigir el partido, ocho o diez mil avales, que solo pueden conseguir aquellos que quiera la dirección del partido.

Unos partidos comprados por el Estado, y además con las bases amordazadas. Ese régimen solo es válido para países con un nivel cultural próximo al subdesarrollo.

¿Y los sindicatos? Todos ellos debidamente subvencionados. Una organización, política, sindical, de consumidores, sin subvención, no puede competir en propaganda ni en medios con aquellas subvencionadas, y, por ello, están condenadas a mal vivir, nadie les hará caso.

¿Y la prensa? El Estado se hace periodista y tiene sus medios de comunicación, los mejores, los más caros. El Estado es la mayor empresa del país y la que más propaganda contrata, así que es la que mantiene además, al resto de la prensa. A quien sea complaciente con el Gobierno, se le entierra en contratos con el Estado. Quien no sea comprensivo, jamás podrá competir con los complacientes. Serán barridos. Así la libertad de expresión queda convertida en mera propaganda. Tendrás a cientos de periódicos, emisoras, televisiones, diciendo que la fiesta de la democracia es el día que se vota a quien los partidos eligen y que la urna es el lugar más sagrado de la soberanía popular. ¡Ja!

Quedan flecos, pero de fácil solución: El Gobernador del Banco Central, el Presidente de la Comisión de la Competencia, el Fiscal General del Estado, el Tribunal de Cuentas. El primero controla la banca, el segundo las trampas en el mercado y el tercero es esencial en la justicia, pues de él dependen jerárquicamente todos los fiscales, y el último controla las cuentas de los partidos y del Estado. A todos esos los nombra el jefe de partido a través del Gobierno y la Cámara de Representantes. Es como si Al Capone nombrara al Jefe de Policía.

Un Estado sin control. Un Estado sin libertad tal y como la entendían en Atenas. Pero aparentemente democrático.

Lo malo de un sistema así es, que al cabo de unos años, tendría la peor economía del mundo civilizado, la peor educación, la peor sanidad, porque las energías van encaminadas al interés del partido, no de los ciudadanos.

Una comisión evaluadora revisa 26 exámenes tras las quejas de varios aspirantes y detecta tres o más fallos en seis casos. Educación cumple así con varias sentencias judiciales.

Seis docentes que accedieron a una plaza de funcionario tras la oferta de empleo público de 2007 perderán su plaza por haber cometido tres o más faltas de ortografía en los exámenes. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha comunicado ya a los seis afectados la decisión, que es el resultado de varias sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ratificadas por el Tribunal Supremo.

Las oposiciones al cuerpo de maestros de 2007 han estado envueltas en polémica desde que se celebraron. El proceso selectivo fue paralizado por el Gobierno canario tras las quejas de varios aspirantes, que consideraban ilegal que los tribunales de oposiciones tuvieran una "guía" donde se estipulaba un número máximo de aprobados acorde con las plazas totales ofertadas. Educación obligó entonces a corregir de nuevo los exámenes y a repetir una parte de las pruebas, lo que desató la indignación entre quienes ya habían obtenido plaza.

Como resultado de estos recursos, en 2009 hubo cinco participantes que lograron plaza a pesar de haber suspendido en primera instancia. Pero la controversia, lejos de apagarse, siguió. Ahora, tras distintos recursos y varias revisiones de exámenes, hay una "sentencia firme", explica la propia Consejería, que ya ha comunicado la decisión a los trabajadores. "Los tribunales han fallado y no hay margen", explican fuentes de la Administración. La Dirección General de Personal tuvo que entregar un total de 26 exámenes a una comisión evaluadora, que corrigió cada prueba y comprobó que seis superaban el tope de faltas.

La norma establece que una prueba con ese número de errores tiene una puntuación de cero, lo que modifica la calificación total del aspirante y lo deja fuera de la lista de adjudicatarios. La Consejería insiste en que la decisión es consecuencia de una sentencia judicial que tendrá efectos en las listas de docentes, pero que no ha podido evitarlo a pesar de los recursos interpuestos para tal efecto.

La Dirección General de Personal admite que "nada le habría gustado más que haber evitado esta decisión", pero que están "obligados por el Poder Judicial y por la Ley a cumplir las sentencias en las que se condena a esta administración". Por último, este servicio señala que es su deber "atender a los derechos de aquellos que, en virtud de la sentencia, podrían resultar seleccionados en aquel proceso selectivo".

Ahora, explica Educación, "se inicia de este modo un camino que ha de conducir a la pérdida por su parte de la condición de funcionario docente de carrera del Cupero de Maestros". Las consecuencias de este nuevo cambio se sentirán también sobre las listas de interinos y sustitutos que conforman todos aquellos que se presentaron a las oposiciones y no consiguieron plaza.

Tres décadas después de su fallecimiento en Berlín Oriental, los nombres de Josefa (1883-1958) y Elisa Úriz Pi (1893-1979) han resonado en un pequeño rincón de Navarra. Un amplio programa de actos organizados por el Ayuntamiento del Valle de Egües, su lugar de origen, ha recordado durante cuatro días el elevado compromiso social de estas hermanas que defendieron los derechos de la mujer y de la infancia ante Naciones Unidas, lucharon con la resistencia francesa en París durante la Segunda Guerra Mundial y se enfrentaron a la Iglesia en defensa de una educación igualitaria, entre otros hitos.

Desde la semana pasada, una plaza de esta localidad navarra lleva el nombre de las dos intelectuales. Además, un colegio público espera ahora la autorización del Gobierno de Navarra para poder rebautizarse con el nombre de una de ellas.

Poseedoras de una mentalidad progresista y una conciencia crítica, la vida de las hermanas Úriz Pi está plagada de episodios, dentro y fuera de España, en defensa de los valores democráticos. Ambas militaron en el Partido Comunista, y tuvieron que exiliarse en 1939. Con la Transición, y el regreso de la democracia tras cuatro décadas de dictadura sus nombres quedaron silenciados.

"Se olvidaron de ellas porque eran dos comunistas y aquí siempre se ha tratado de minimizar el trabajo intelectual realizado por militantes comunistas, a los que se les ha tildado más de saboteadores que de gente que quería ayudar y enseñar", lamenta Olga García Domínguez, hija de miembros del PCE exiliados en Alemania y vecina de Elisa Úriz en Berlín Oriental. "En este país se ha ocultado todo", subraya.

Olga es una de las personas que ha preservado el legado de las hermanas Úriz a través de los múltiples documentos que guarda de ellas, fruto de la estrecha convivencia que mantuvieron los padres de Olga con Elisa tras la muerte de la hermana mayor.

Maestras de profesión, se considera a Josefa y a Elisa como las precursoras de la escuela moderna en España. Introdujeron los avanzados métodos educativos de María Montessori, Celestine Freinet, Ovide Decroly y Jean Piaget, entre otros, décadas antes de que comenzaran a generalizarse en el país.

Democratizaron las aulas eliminando las tarimas, se opusieron a los castigos, promovieron las asociaciones de padres y madres, sustituyeron los manuales por apuntes e introdujeron el comentario de texto sobre lecturas relacionadas con la realidad social. Josefa Úriz, Pepita, que dirigió la escuela normal de Magisterio de Lleida, creó la primera cátedra de estudio del catalán, abrió una residencia laica para que las jóvenes no se tuvieran que alojar en conventos y modernizó la biblioteca de la escuela, con una sala de lectura y gestión de préstamo de libros, antes inexistente.

"Eran mujeres muy activas; estuvieron en París, en el Congreso de la Paz, y becadas en Europa" relata Olga. En concreto, Pepita trabajó en Bélgica con el doctor Decroly y Elisa en Ginebra, estudiando los nuevos métodos de aprendizaje musical de Dalcroze, según ha indagado el historiador y periodista Manuel Martorell, que ha investigado la vida de estas dos hermanas y, junto a Olga, participó en los actos de homenaje de la pasada semana en Navarra.

La llegada de Pepita Úriz a la escuela normal de Magisterio de Lleida, con sus métodos avanzados, llamó pronto la atención de los estamentos más conservadores de la ciudad. "El obispo Josep Miralles la denunció ante el rectorado de la universidad por haber recomendado a sus alumnas que leyeran un libro de Margarita Nelken", cuenta Olga. La denuncia derivó en un expediente que acabó convirtiéndose en una cuestión de estado. "Intelectuales de la época como Menéndez Pidal, Ramón y Cajal y Julián Besteiro firmaron un manifiesto de apoyo a Pepita", explica.

El propio presidente de las Cortes salió en su defensa, paralizando el proceso y provocando la dimisión del ministro de Educación. Pero la llegada de la dictadura de Primo de Rivera reabrió el expediente, y fue expulsada a 100 kilómetros de la ciudad sin empleo ni sueldo durante un año. “Hubo una campaña a su favor y sus compañeros hicieron una colecta para poder pagarle durante un año el salario”, añade.

Sensibilizadas con las víctimas más débiles de la Guerra Civil, los niños, ambas hermanas participaron en la ayuda de retaguardia. "Estuvieron muy activas en las colonias pedagógicas, alimentando a los niños", indica Olga. Llegaron a dar, según datos contrastados por Martorell, hasta 100.000 comidas al día. Pepita fue, desde septiembre de 1938, directora general de Evacuación y Refugiados, nombrada por el gobierno de la República. Ayudaron también a cientos de profesores a partir hacia el exilio.

Las hermanas Úriz.

Antes del estallido de la guerra, las hermanas se habían afiliado al Partit Comunista de Catalunya, donde también militaba el que fuera marido de Elisa, el secretario general de la UGT catalana Antonio Sesé. "Lo mataron el día que iba a tomar posesión de su cargo de ministro", apuntala Olga. El matrimonio junto a la hermana mayor, Pepita, promovió la fundación del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Esta última, además, fue elegida secretaria general de la rama catalana del principal sindicato de trabajadores de la enseñanza, FETE-UGT, en agosto de 1936, y elevada a presidenta año y medio después, según consta en la documentación que Olga conserva de las hermanas.

Con una trayectoria a sus espaldas en defensa del progreso y la democracia -en 1934 impulsaron la asociación Mujeres Antifascistas Españolas-, Elisa y Pepita Úriz no tenían sitio en la oscura dictadura que cercenó de raíz los avances republicanos. En febrero de 1939, dos meses antes de que los militares sublevados, con Franco a la cabeza, proclamaran su victoria en Burgos, las hermanas navarras abandonaron el país para no volver nunca más.

Cruzaron la frontera por los Pirineos, y en el exilio en Francia volvieron a vivir de manera intensa otra guerra. Lucharon contra el nazismo al lado de la resistencia española en París, formando parte del núcleo dirigido por los hermanos Miret. Cuando este grupo fue desarticulado, en 1942, Josep Miret fue asesinado en el campo de concentración de Mauthausen. Elisa y Pepita lograron escapar.

"A Elisa no le gustaba mucho hablar de sus 'batallitas', como ella decía. Cuando empecé a mirar con detenimiento sus documentos comencé a saber más de su vida. Vi que tenía hasta un carnet para portar armas, consecuencia de su pertenencia al primer grupo armado de la resistencia parisina", detalla Olga.

Tras años escasos de tranquilidad en París, el gobierno francés expulsó a los militantes comunistas en el marco de la denominada 'Operación Bolero', en 1950. Las hermanas navarras recibieron su expulsión en abril de 1951. La Guerra Fría las obligaba a vivir en su lado ideológico del mundo, y cruzaron el Telón de Acero para instalar su residencia en Berlín Oriental. Pepita murió y fue enterrada en esta ciudad. La hermana menor continuó su actividad intelectual, más sosegada en los últimos años, según recuerda Olga, estudiante de Medicina en aquel tiempo. "Era una mujer muy generosa y solidaria; mi padre era ciego y ella bajaba todos los días a leerle los periódicos. También le interesaba mucho la actualidad política, leía prensa de diferentes países a diario".

Elisa Úriz, en el marco de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), donde llegó a la secretaría general, propuso que cada 1 de junio se celebrara en todo el mundo una jornada para la infancia equiparable al 8 de marzo para la mujer. Tras años de trabajo, Naciones Unidas proclamó el Día Mundial del Niño, cita que muchos países siguen recordando. “Después, costó mucho que se mantuviera porque dentro de la Federación había mujeres de muchas orientaciones políticas que apoyaban que cada país tuviera su propio día de la infancia”, aclara Olga, cuya madre, Isabel Domínguez, sustituyó a Elisa como representante española en la FDIM.

Con esta organización, la menor de las Úriz denunció las condiciones en que vivían las presas en las cárceles de Franco, y logró en 1948 que una comisión de juristas visitara las prisiones madrileñas de Las Ventas y Yeserías. Elisa formó además parte de la Unión de Mujeres Españolas, organización integrada por grupos que actuaban en la clandestinidad durante la dictadura, y participó en el consejo de redacción de la revista Mujeres Antifascistas Españolas con Dolores Ibárruri, Victoria Kent y Teresa León, entre otras. "Este movimiento estaba originado por las mujeres de los presos, las que lucharon por las libertades de sus compañeros y por la libertad en general", concreta Olga.

35 años después del fallecimiento de Elisa, el Valle de Egües (18.000 habitantes), ha reconocido la figura de estas dos mujeres, desconocidas en su país, que con su trabajo allanaron el camino por el que se han ido conquistando los derechos sociales de las mujeres en muchos países del mundo.

CCOO ha denunciado que el Ministerio de Educación se ha negado a conceder a una profesora interina de la ciudad (Ceuta) la excedencia por cuidado de un hijo menor de tres años. Esta decisión, dice el sindicato, está fundamentada en la condición de interinidad de la madre afectada.

"No sólo supone un injusto e inconcebible ataque a la política de apoyo al principio de conciliación de la vida familiar y laboral (tan elogiado en los discursos oficiales), sino que vulnera la legalidad vigente", añade el sindicato. Advierte CCOO que la directiva 96/34/CE de la Unión Europea establece un "derecho individual de permiso parental a las trabajadoras por motivo de nacimiento o adopción de un hijo"; sin distinguir entre los diferentes tipos de contratos laborales que puedan existir en cada país. Así lo corrobora, además, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias.


CCOO, además de emprender las correspondientes acciones judiciales para recuperar el derecho arrebatado a esta profesora, y sentar con ello un precedente que evite casos similares en el futuro, quiere denunciar públicamente esta "política de recorte de derechos fundamentales sin más justificación que una interpretación de lo que, injustamente, consideran la legalidad vigente", aclara en una nota de prensa.

Por su parte Buscome también se ha posicionado en torno a este asunto y lo ha hecho para mostrar su "preocupación" por la noticia debido al "incumplimiento y la vulneración de un derecho fundamental". "Nos vamos a interesar por la situación de la interina a la que se le ha denegado la excedencia para el cuidado de su bebé. No podemos sentar un precedente, y menos aún en unos tiempos donde se está formando un nuevo Gobierno", aclara.

Pide enseñanza en castellano pero la Conselleria no responde a su petición en la matrícula. Su hijo sólo recibe cuatro horas de español y dos de inglés en un colegio de Palma.

María pide enseñanza en castellano para su hijo desde el primer día que entró por la puerta del colegio. Tres años más tarde, el pequeño sigue sumido en un sistema de inmersión lingüística ante la pasividad de la Administración y con el beneplácito del centro. Harta de llamar a todas las puertas y de no obtener una solución ha decidido recurrir a la Justicia y ha interpuesto un contencioso administrativo contra la Conselleria de Educación del Govern balear por negarle su derecho a la libre elección de lengua.

En Baleares existe una normativa que desde 2012 permite a los padres elegir la lengua de lectorescritura (esto es, el idioma con el que aprenden a leer y escribir) pero el procedimiento ha sido un auténtico fiasco. Los centros públicos, la mayoría con un fuerte sentimiento nacionalista, presionan a los padres para que no elijan la casilla del castellano. El resultado es que pocas o ninguna familia están haciendo uso de su derecho. La Conselleria de Educación intentó evitarlo sin éxito a través del proceso telemático.

María lo ha vivido en primera persona. Inscribió a su niño de tres años en el colegio público de Pràctiques de Palma cuando empezó 3º de infantil. Los problemas comenzaron cuando seleccionó la casilla de castellano. El director la llamó al despacho para decirle que el menor iba a ser un «bicho raro», que no tendrían más remedio que aislarle en un aula porque nadie más había elegido castellano. «Me dijo que el castellano no era beneficioso para el niño porque no se integraría, me hizo creer que estaría solo, que recibiría las clases como si fueran particulares y que sería un castigo porque no tendría amigos. Me coaccionó, me metió miedo y me hizo cambiar la casilla de lengua en contra de mi voluntad», relata esta madre.

Más tarde, se enteró de que otras familias del colegio habían pedido castellano pero la dirección también les había metido el miedo en el cuerpo para que sucumbieran ante las bondades integradoras del catalán. «Todo era una estrategia para seguir con la inmersión lingüística, con la política de la lengua, mercantilizando a los alumnos», denuncia.

María no se conformó y esperó su segunda oportunidad para reivindicar su derecho a elegir lengua. Fue este curso. El pequeño pasaba de ciclo, de infantil a primaria, momento en el cual tendría que hacer la matrícula definitiva. «Hasta entonces mi hijo estaba adscrito al centro en infantil y la ley obliga a matricular a los niños a los seis años», puntualiza. Pero el sobre de matriculación del Pràctiques llegó sin la posibilidad de elección de lengua. Desde entonces se ha hartado de pedirla continuamente con escritos a Inspección Educativa, al centro y a la Conselleria de Educación. Nadie le ha hecho caso.

Comenzó el nuevo curso en septiembre y su hijo siguió en una clase y con una educación que ella no había elegido. «Me di cuenta de que cuando metemos a nuestros hijos en un centro, quedan matriculados en catalán automáticamente. Me di cuenta de que los padres no están decidiendo la educación de sus hijos en Baleares sino que, por desgracia, la deciden los centros», reflexiona.

En octubre de 2014 y sin ninguna contestación por parte del Govern, María mandó otro escrito donde nuevamente reclamaba su derecho a la libre elección de lengua. Les explicaba que se amparaba en las sentencias previas que avalaban su derecho, les advertía de que la inmersión a la que sometían a su hijo era ilegal y les advertía que tomaría medidas legales si no atendían su demanda.

La amenaza surtió efecto y el centro respondió con una carta «muy curiosa» donde adoptaba el papel de la propia conselleria. En ella le negaban su derecho basándose en otras órdenes, y le aseguraban que sólo podían elegir lengua en primaria los padres que no habían matriculado en infantil. «Llevo pidiendo enseñanza en castellano desde el primer día, saben que mi hijo no estaba matriculado en el centro, sino sólo admitido y aun así son tan cínicos de negarme mi derecho», rebate la madre.

La directora del colegio Pràctiques aseguró ayer a este rotativo que no tiene «constancia» de presiones a los padres para elegir catalán, todo lo contrario «las familias nos eligen porque nuestro proyecto lingüístico tiene una tradición y se da casi todo en catalán». Asegura que muy pocos padres eligen castellano -aunque no da cifras- y que sólo cinco familias piden las circulares en esta lengua. Respecto a la matrícula del hijo de María, la directora se limitó a decir que el centro cumple la ley y no está obligado a ofrecer lengua si la madre ya la eligió en infantil. ¿Y si se la presionó y ahora quiere cambiarla con el sobre de matrícula de primaria? La docente dice que no se puede hacer nada.

María ha decidido llevar el caso ante los tribunales para que «sea un juez y no un colegio» quien le dé o le quite la razón. En abril interpuso un contencioso administrativo y ahora espera ganarlo porque la jurisprudencia está de su lado. «Hay varias sentencias que van en el mismo sentido de mi reclamación. Sólo espero que los padres se conciencien de que podemos elegir la educación, al igual que elegimos pediatra o centro», reivindica.

Mientras tanto, asegura que quien enseña castellano a su hijo es ella; con cuadernillos y en casa. Ni una canción en castellano ha aprendido en todos estos años. «El centro dice que ya la aprenderá viendo la televisión», reconoce indignada. Al menos, dice, los profesores la tratan con educación y su hijo no ha recibido represalias. «En ese sentido tengo suerte».

Baleares, en contra del Supremo y el Gobierno

La denuncia de esta madre en Baleares coincide con la reciente resolución del Tribunal Supremo que avala el uso del castellano en las escuelas catalanas donde se impone la inmersión lingüística al igual que en la mayoría de centros públicos de las Islas. La Justicia considera razonable fijar en un 25% de castellano en las escuelas y que incluya una asignatura troncal y no solo la de lengua castellana. Así, avala el porcentaje que fijó el TSJ de Cataluña, al ejecutar las sentencias del propio Alto Tribunal que desde 2010 vienen reconociendo el uso del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas. Ese porcentaje fue recurrido por dos padres de alumnos, que solicitaban que se fijara en un 50% y por la Generalitat de Cataluña que entendía que el TSJ, cuando fijó ese criterio, estaba suplantando una potestad que le correspondía a la administración catalana. Mientras el Govern balear permanece impasible ante las demandas de padres por la libre elección de lengua, el Gobierno central pidió la semana pasada que las matrículas en Cataluña vuelvan a realizarse porque no han ofrecido a las familias su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano.

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